Por estos días, altos funcionarios del gobierno nacional argentino junto a otros referentes políticos se encuentran evaluando la implementación de un salario universal a efectos de paliar la crisis motivada por la presente pandemia, aunque dicha retribución podría llegar para quedarse según dan cuenta las noticias.[1]

Antecedentes

Allá por 1986, en la Universidad Católica de Lovaina, la propuesta de una Renta Básica Universal surge a instancias de los catedráticos Philippe von Parijs y Robert von der Veen. En virtud de la misma, todo ciudadano debiera tener derecho a recibir una paga del gobierno independientemente que quiera trabajar o no, sea rico o pobre, tenga o no tenga ingresos.

En Alaska, y en algunas regiones de Canadá y España dicha Renta Básica Universal parece haber sido implementada. En el Foro Económico Mundial (Davos) y en el Fondo Monetario Internacional,  desde hace unos años, surgió también la preocupación por este tema en virtud de la creciente digitalización de la economía y la automatización del trabajo, motivo por el cual en 2017 se preveía para el año 2020 la pérdida de unos 5 millones de puestos de trabajo sustituidos por robots. El mismo Papa Francisco, el día de Pascua del corriente año, en una carta dirigida a los movimientos y organizaciones populares, habló de la necesidad de pensar en un salario universal.[2]

David Casassas, profesor de la Universidad de Barcelona y uno de los propulsores de esta Renta Básica Universal, dio algunas precisiones sobre la misma: 1) es universal, pues abarca a todos; 2) es incondicional, ya que no importa si quien la recibe tiene ingresos o no; 3) es individual, esto es, la reciben individuos y no hogares. Dicha renta, afirma, debe cubrir las necesidades básicas de la vida y no sustituye otras políticas destinadas a la vivienda, la educación o la salud, además permite democratizar las relaciones laborales y la posibilidad de divorcio con el trabajo asalariado, empoderando así al trabajador en relación de dependencia.[3]

Argentina

En la misma línea, entre nosotros, el ex presidente Eduardo Duhalde, afirmó que dicha Renta Básica Universal permite garantizar a todos los integrantes de una comunidad un ingreso efectivo mensual que asegura mínimas condiciones de subsistencia, sin ningún tipo de condicionamiento o contraprestación, y que las razones que la justifican son dos fundamentalmente: 1) razón filosófica: por cuanto el que no dispone de una base material suficiente para garantizarse una existencia social autónoma, tendrá que sobrevivir sometido a la voluntad de otros con la consecuente pérdida de libertad; 2) razón económica: por la creciente robotización que exige garantizar un ingreso mínimo para todos.[4] Por su parte, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, alienta la aplicación de un Salario Universal a toda persona entre los 18 y 65 años de edad, quedando exceptuados de este beneficio los trabajadores formales.[5]

La cuestión

Sin duda alguna, en circunstancias excepcionales y de emergencia social como las que acarrea esta pandemia, el Estado tiene un protagonismo activo y debe intervenir directamente instrumentando medidas y políticas tendientes a paliar las consecuencias económicas que repercuten, con mayor intensidad, en los sectores más necesitados. Pero debe hacerlo sólo en forma excepcional y por exigencias del Bien Común que así lo ameritan, ya que su función en materia económica y social debe ser prioritariamente subsidiaria, a efectos de respetar las libertades y responsabilidades individuales, evitando así la presencia de un Estado asistencialista que atenta contra la dignidad de la persona humana.

En lo que refiere a Argentina, si este salario o renta básica universal viene para quedarse permitiendo que sea recibida sin contraprestación alguna, en nuestra opinión, el país seguirá empoderando a gran parte de la sociedad caracterizada por su inactividad productiva no generadora de riqueza, fomentando así aún más la cultura de la demanda en reemplazo de la cultura del esfuerzo y perpetuando, consecuentemente, sus niveles de pobreza, de desempleo y de inequidad social. En tal caso, se aplicaría la misma razón filosófica que argumenta el ex presidente Eduardo Duhalde, con la diferencia que aquéllos que reciban esta renta corren el riesgo de sobrevivir sometidos a la voluntad y asistencialismo del gobierno de turno, con la consecuente pérdida de su propia dignidad.

Porque lo afirmamos?  Porque Argentina desde hace décadas viene aumentando de manera ininterrumpida sus planes y programas sociales, ingentes sumas de dinero otorgadas en virtud de las cuales 3 de cada 10 hogares percibe algún tipo de ayuda estatal, ayuda que alcanza un 40% en la población urbana.[6] Tales programas de ayuda social no han sido eficaces a la hora de asegurar  la equidad social, por el contrario, pareciera que tienen como objetivo tolerar y mantener la pobreza y la inequidad. La realidad se encarga de demostrarlo: en 1970 Argentina tenía un desempleo del 3% y una pobreza del 8%, y no obstante los planes y programas sociales aplicados en las últimas décadas, termina el 2019 con un 10% de desempleo, un 35% de pobreza y un 8% de indigencia. Pecado social de omisión y muy grave, por cuanto el país cuenta con suficientes recursos para que muchos millones más de habitantes puedan tener un nivel de vida y de subsistencia dignos, sin necesidad de implementar y otorgar programas de ayuda social permanentes. Reiteramos, las situaciones de emergencia son la excepción y, como dijimos, justifican la ayuda directa por parte del Estado por un tiempo determinado, hasta superar dicha emergencia (principio de solidaridad).

Matriz distributiva y matriz productiva

El crecimiento económico, el pleno empleo y la equidad social son, entre otros, objetivos centrales de toda política económica. Pero lograr el pleno empleo y la distribución equitativa de las riquezas supone que la economía crezca en términos reales, que haya producción y aumento de riquezas, pues no se puede distribuir lo que no se ha generado mediante el trabajo y el esfuerzo.

Y aquí está uno de los problemas de Argentina: la sucesión de gobiernos populistas y demagógicos que han puesto el acento en la matriz distributiva abultando indebidamente el presupuesto estatal para perpetuar programas de ayuda social, asfixiando y castigando para ello al sector productivo generador de riquezas, y a la vez, acostumbrando a gran parte de la sociedad a percibir ingresos sin contraprestación alguna, a demandar y reclamar sin realizar los debidos esfuerzos para procurarse, por sus propios medios, un nivel digno de subsistencia. De esta forma, la pobreza se ha transformado en miseria consentida, cuando no, querida por el propio gobierno de turno; la cultura de la demanda ha reemplazado a la cultura del esfuerzo, siendo víctimas de ello varias generaciones de argentinos.

Es función del Estado establecer las condiciones que aseguren el derecho al trabajo, como así también instrumentar políticas de crecimiento económico que promuevan la pequeña y mediana empresa y el empleo formal, a la vez, mediante su Política Fiscal el Estado debe tratar de lograr la mayor equidad social posible. Por tales razones, como decía un gran maestro de las finanzas públicas (Cayetano Licciardo), el Presupuesto es el acto político por excelencia, ya que a través del mismo el soberano decide prudentemente a quien le saca, cuánto y cómo (capacidad contributiva de los ciudadanos) y a quien le da, cuanto le da y porque (demanda social). Y esta potestad del soberano se encuadra en la justicia distributiva, funcional a la proporción geométrica, esto es, al reparto de los beneficios y de las cargas sociales realizado en función de la participación que cada uno haya tenido en el producto social o, en su caso, al estado de necesidad de aquéllos sectores sociales que por distintos motivos han estado incapacitados de participar. De modo tal que el problema de la distribución de riquezas y el efecto redistributivo que tiene la Política Fiscal debe enfocarse desde una perspectiva principalmente moral, pues va más allá del simple análisis económico.

El trabajo humano

Por lo dicho hasta aquí queda claro que el primer responsable para procurarse un nivel de vida digno es el hombre, por ello está obligado a trabajar y por esta obligación primera el Estado debe asegurarle el derecho a trabajar generando las condiciones para el empleo, y sólo en circunstancias excepcionales deberá asistirlo en forma directa (principio de solidaridad). El deber de trabajar se fundamenta en el deber moral de conservar la vida y de contribuir con el Bien Común, y no habrá que olvidar lo dicho por el entonces Papa Juan Pablo II: “el trabajo es un bien del hombre, mediante el cual el hombre se hace más hombre” [7]

Por tales razones hemos querido titular esta nota con aquella sentencia bíblica que dice: “con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra” (Gén. 3-19). Esta es la condición del trabajo humano después del pecado de nuestros primeros padres, procurarnos el pan de cada día supone esfuerzo, fatiga y cansancio. Y este esfuerzo y cansancio humanos dignifican al hombre, porque el trabajo no sólo tiene un sentido económico y social, no sólo es un medio de subsistencia, en efecto, el hombre mediante su trabajo se realiza en cuanto tal y participa activamente en la obra creadora de Dios imitando su poder creativo, y como hábito de servicio su trabajo coopera con la comunidad en la que vive. Asimismo, el hombre, mediante su trabajo, se asocia a la obra redentora de Cristo, soportando su fatiga y cansancio colabora con la redención de la humanidad.[8

Reflexión final

A modo de conclusión, la emergencia social y económica que ha ocasionado esta pandemia, sin duda, amerita y justifica la asistencia directa por parte del Estado. Posiblemente la aplicación de este salario o renta universal haya funcionado o funciona eficazmente en otros países, también es cierto que la creciente digitalización de la economía, la robotización y el desempleo tecnológico ameritan implementar alternativas como ésta que apunten a morigerar las inequidades sociales que tales fenómenos acarrean. El futuro inmediato del trabajo y el empleo, por cierto, no es nada alentador.[9]

Esto vale también para  Argentina, pero dudamos que la instrumentación de una nueva ayuda como el salario o renta universal cumpla eficazmente su cometido, porque aquí en Argentina desde hace décadas gobiernos populistas, de un signo político u otro, vienen aumentando el gasto público e instrumentando programas y planes sociales con fines prebendarios, perpetuando así la miseria social con la consecuente pérdida de la dignidad humana, y el actual gobierno no es la excepción. Se siguen incrementando las ayudas y planes sociales a costa del sector productivo generador de riqueza que se achica cada vez más. En tales circunstancias, la aplicación de un salario o renta universal sin contraprestación alguna, para todo habitante de 18 a 65 años que no tenga trabajo formal, a nuestro entender, alienta aún más la informalidad y la pobreza (miseria) estructural ya instalada en Argentina.

Por tales razones creemos que en Argentina es necesario reivindicar la cultura del esfuerzo y el sentido mismo del trabajo.  Es necesario entender que primero hay que crecer en términos de riqueza para luego poder distribuirla, y que para ello hay que promover la matriz productiva y generar las condiciones de crecimiento y de empleo formal, asegurando así el derecho al trabajo y la cobertura social necesaria para un nivel de vida digno de toda la sociedad.

La Argentina de la post-pandemia debe dejar atrás el paternalismo asistencialista de un Estado generador de miseria que tanto daño le ha causado, deberá entender que los comedores sociales, los planes y programas de ayuda  deben ser excepcionales y  transitorios, sólo justificados en situaciones que así lo ameriten y cuando el Bien Común lo exija.

La presente crisis sanitaria y la caótica situación social y económica que atraviesa Argentina debiera ser un punto de inflexión para poder cambiar su rumbo. Dejando atrás décadas de populismo demagógico que ha empobrecido a la sociedad, las autoridades de turno debieran ser consecuentes con el uso prudente y eficiente de los recursos públicos y aplicarlos para cubrir auténticas demandas sociales, fomentando, a la vez, la iniciativa y la propiedad privadas, el trabajo y la generación de riquezas. Así también, gran parte de la sociedad y de la dirigencia argentina afincadas en la cultura de la demanda y en el reclamo permanente, deberán asumir, guste o no, aquélla sentencia del Apóstol Pablo: “quien no quiere trabajar, tampoco coma”.[10]

Daniel Passaniti

Julio 2020

 

[1] La Nación, 28-06-2020

[2] Papa Francisco:  Carta a los movimientos populares, 12-04-2020

[3] David Casassas: El Espectador, Entrevista realizada por Laura Dulce Romero 22-06-20.

[4] Eduardo Duhalde: La Nación, 23-06-2020

[5] Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas: Hacia un salario universal para afrontar la emergencia, 13-05-2020

[6] Cfr. Observatorio de la Deuda Social Argentina: Barómetro de la Deuda Social Argentina (OSDA/UCA)

[7] Juan Pablo II Laborem excercens, Nro 9

[8] Cfr. Juan Pablo II: Laborem excercens (carácter cocreador y corredentor del trabajo humano)

[9] Cfr. OCDE: Perspectivas del empleo 2020

[10] San Pablo, 2 Tesalonicenses 3-10.

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