La vida económica -cuyo protagonista es el hombre como realizador de actividades de la misma especie- exige ser respetada, en su propia naturaleza, para poder ser reconducida, a su vez, al bien común político. Como supo decir un sabio economista argentino, “en una sociedad rectamente ordenada, de tal suerte ha de desenvolverse la actividad económica de sus miembros que puedan éstos (los hombres) lograr su perfeccionamiento moral, intelectual y religioso”.
Efectivamente, el hombre no puede ser reducido a su dimensión exclusivamente económica pero, simultáneamente, debe recordarse que es un agente económico. Sin el hombre, no hay vida económica, por una parte, y ella, a su vez, está al servicio del desarrollo integral del hombre.
La experiencia económica -no las construcciones ideológicas- nos lleva a afirmar la existencia de un ámbito de intercambio de bienes económicos -es decir, bienes útiles que nos exigen ser laboriosos debido a su carácter escaso y una administración cuidadosa- al que se acostumbra llamar mercado. Se trata de una realidad sin la cual la economía no podría desplegarse. Los principales agentes económicos del mercado son los compradores y vendedores y resulta justificado, por otra parte, que cada uno de ellos busque su conveniencia económica. Esto dicho debe tenerse en cuenta sin perder de vista que, a la vez, ellos son miembros de una comunidad política, como se explicó arriba. La llamada justicia conmutativa, por cierto, debe realizarse en el marco político de la justicia general. El hombre es un ser político que también, sin perder el norte del bien común, es un ser económico.
Cuando se oye, entonces, que el Estado debe intervenir en el orden económico, ¿deberíamos adoptar dicha tesis en clave socialista o rechazarla al modo liberaleconómico?
En su discurso a los participantes de la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del viernes 25 de abril de 1997, san Juan Pablo II explicó brevemente la noción de Estado social que resulta oportuno citar a propósito del interrogante planteado en el párrafo anterior.
A la vista del peligro de la organización “globalizada” del trabajo, entre otros problemas apuntados, el Papa señalaba que “es esencial que la acción política asegure un equilibrio del mercado en su forma clásica, mediante la aplicación de los principios de subsidiariedad y solidaridad, según el modelo del Estado social. Si este último funciona de manera moderada, evitará también un sistema de asistencia excesiva, que crea más problemas de los que soluciona. Con esta condición, será una manifestación de civilización auténtica y un instrumento indispensable para la defensa de las clases sociales más necesitadas, oprimidas frecuentemente por el poder exorbitante del mercado global”.
Si bajamos a la vida cotidiana, la afirmación de san Juan Pablo II parece escrita para Argentina 2020. Por señalar un ejemplo: en nuestra querida Patria, los diversos inquilinos de la Casa Rosada del variopinto mundo político, desde hace ya varios años, han desnaturalizado la subsidiariedad y la han convertido en una de las modalidades de clientelismo partidario. Sin perder de vista que, por razones y exigencias del bien común, el Estado debe actuar en forma directa conforme al principio de solidaridad, su intervención en la vida económica debe ser prudente. San Juan Pablo II, para despejar dudas, aclara: debe evitarse “un sistema de asistencia excesiva, que crea más problemas de los que soluciona”.
SOLUCIONES A LA CUESTION SOCIAL
El Estado argentino, también desde hace largos años, aplica parches que, resultado de la propaganda, se instalan en la opinión pública como “soluciones” a la cuestión social. Sucede que la realidad manda, y las mismas, por el contrario, agravan todavía más la situación.
Una de las virtudes con la que cuenta la cosmovisión católica de la vida y del mundo es la de relacionar armónicamente realidades que son comunicadas en nociones y términos que resultan complementarios. Complementariedad que supone, a su vez, la distinción sin confusión. Un caso concreto, como ilustramos, es que la Doctrina Social de la Iglesia afirma simultáneamente la necesidad del mercado y del Estado para un auténtico desarrollo del orden económico, que, por otra parte, se inserta en el desarrollo integral del hombre, como afirmó san Pablo VI en la Encíclica Populorum progressio (26 de marzo de 1967).
De lo dicho se sigue, por lo tanto, que los intentos por “demonizar” al mercado mediante el uso de una jerga teñida de ideología, más para la tribuna que para el restablecimiento de un orden social justo, no pueden aspirar a formar parte de la auténtica Doctrina Social de la Iglesia. Como tampoco aquellos que reducen a la autoridad política a una especie de “Estado policial”que debe velar, solamente, por garantizar los derechos individuales perdiendo de vista el bien común. Estado y mercado, entonces, no Estado versus mercado.
Germán Masserdotti
Germán Masserdotti
Membro del Collegio degli Autori
